¿EXCLUSIÓN SOCIAL?
Padre Pedro Trigo y César Miguel Rondón
Hubo un tiempo en el que existió la movilidad social en Venezuela, sin embargo actualmente esto se pone en duda.
El Padre Pedro Trigo, Teólogo, Profesor de la UCAB y miembro investigador del centro Gumilla, explicó que Venezuela nace como una republica señorial, porque no hay como tal una independencia, sino una emancipación de los españoles americanos, respecto a los españoles europeos, pero con la intención de ser ellos los únicos al mandato, sin cambiar las relaciones de producción, ni las relaciones sociales, según citó la primera fase de la vida de Simón Bolívar “nosotros los españoles americanos, estamos en disputa con los españoles europeos porque nos han incumplido el contrato social”.
Cuando en Venezuela cae la “sociedad señorial”, en el trienio ADECO, es cuando otorga el voto universal y secreto, que es cuando se propone a partir del 58 una educación gratuita, salud pública (hospitales) y un trabajo productivo, que mejoró la calidad de vida de las personas que vivían en los barrios, según comentó el Padre.
Sin embargo, el Teólogo explicó que a partir de la primera presidencia de Pérez esto culminó “todo lo bueno y empezó todo lo malo”, gracias a la nacionalización petrolera, que habían dejado de invertir, y gracias al plan de becas del Mariscal de Ayacucho, que permitía a cualquier venezolano hacer un doctorado en cualquier universidad del mundo, porque estaba a la altura, pero “lo malo es que empezó a dejar de ser sujeto Venezuela y el venezolano era el que vendía perros calientes”, y agregó que “al no haber un trabajo productivo, es un problema de los problema, pues el trabajar te capacita, porque el trabajo no solo es un medio de vida, sino un modo de vida”.
Pedro Trigo comentó que actualmente lo mejor que le puede pasar a una persona de muy bajos recursos, es ser un buhonero que puede ganar para sobrevivir, sin embargo no es un trabajo imprescindible, al igual que si trabajas en el Gobierno, “que sabes que te están pagando para que mi familia pueda vivir, pero lo que hago no tiene ninguna calidad técnica”, dejando al “presente desgastante e insatisfactorio, que es muy grave para un adulto, pero mortal para un adolescente”.
Referente a lo que se puede hacer para mejorar esto, el Padre expuso que “lo que no se puede hacer, es enfrascarnos a destruirnos unos a otros”, refiriéndose a la oposición y al chavismo, los cuales “no deberían gastar sus cartuchos en entre ellos, sino buscar una solución a este problema” recordando la “palanca petrolera”, en la cual “se deberían empeñar para dejar atrás todo lo negativo que hay en el país”.
Finalmente, El profesor y teólogo, explicó que para que el país salga a flote se debe captar que el modo de producción determina el producto, refiriendo a que se debe creer en la gente, dando protagonismo, y no apoderándose de todos o que sólo se busque la ganancia propia.
Regiones
TÁCHIRA Hay pérdida de valores
Iglesia católica hizo un estudio sobre la moral
Se determinó que el bienestar físico, mental y social de las personas que viven en el estado andino está deteriorado
ELEONORA DELGADO SAN CRISTÓBAL
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario del Valle Moronta, presentó parte de las conclusiones de un estudio realizado por sacerdotes, laicos, profesores universitarios, integrantes de los secretariados pastorales y personas de diferentes religiones sobre la situación moral en el estado Táchira. La investigación se efectuó en la entidad, en una población de 3.000 personas, que incluye representantes de instituciones privadas y públicas de diferentes niveles gubernamentales.
Moronta indicó que de acuerdo con las respuestas de las personas en las encuestas y talleres, el menosprecio de la persona o baja autoestima, la desvalorización de la familia y la educación se repiten en las diez áreas analizadas. Las consecuencias se reflejan en hechos de violencia e inseguridad, como el sicariato, atracos, prostitución de universitarios y menores de edad, y ataques intrafamiliares.
El máximo representante de la Iglesia católica en Táchira señaló que este trabajo se prolongará en el tiempo para diseñar estrategias que conduzcan a la recuperación del ser humano, con la participación y el compromiso de las comunidades.
Mejorar la educación. Moronta aseguró que es necesario el replanteamiento del sistema educativo, de los contenidos emitidos en los medios de comunicación y de las cárceles como escuelas de fortalecimiento de delitos. Javier Useche, que participó en el estudio, indicó que se determinó que hay deterioro del bienestar físico, mental y social de quienes viven en Táchira y la pérdida del valor del trabajo como medio de realización personal.
"La pérdida de la moral en el trabajo es lo que lleva a muchos a dedicarse al sicariato, al contrabando, al pimpineo (venta ilegal de gasolina). Incluso, muchos hijos de estas personas sueñan con ser iguales", expresó Useche. Asimismo señaló que el uso no adecuado de las nuevas tecnologías como las redes, si bien han hecho del individuo un ser global, lo ha aislado de sus más cercanos.
También se determinó que hay pérdida del valor de la recreación y del bienestar porque no hay opciones para la diversión sana, de donde surge la necesidad de plantear la creación de este tipo de espacios y actividades para la familia.
Moronta señala que "la inseguridad no es una sensación"
El obispo de Táchira llama a luchar contra la violencia
LORENA ARRAIZ | ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
miércoles 12 de octubre de 2011 12:00 AM
San Cristóbal.- En la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, obispo del Táchira, presentó el "Diagnóstico de la situación moral de la Sociedad Tachirense" donde destaca aspectos fundamentales de una investigación que se realizó para llamar la atención sobre los problemas comunes en la entidad en materia de buenas costumbres.
Moronta indicó que el diagnóstico fue elaborado por sacerdotes, laicos comprometidos, profesores universitarios e integrantes de los secretariados pastorales. "Tiene como objetivo particular y evangelizador asumir compromiso de contribuir con la renovación moral de la sociedad tachirense", argumentó.
Destacó la crisis de valores que conlleva a la violencia en los diferentes géneros tales como sicariato, prostitución de niños, niñas y adolescentes, muchas veces propiciada por los padres, así como violencia doméstica, actos lascivos en las escuelas, colegios y liceos, y la proyección de contenido violento y sexual por parte de algunos medios de comunicación social.
"La inseguridad no es una sensación, es una realidad que se vive en el país y en donde debe trabajarse", dijo.
El obispo del Táchira indicó que la responsabilidad no es solo del Estado venezolano, "sino de todos nosotros ya que debemos agotar todos los esfuerzos, contar con la gente, dialogar y conocer mejor la situación que vive la gente para poder ayudarlos".
"En las cárceles observamos que éstas no son centros de regeneración sino donde se incrementa la delincuencia", acotó Monseñor.
Destacó que las autoridades no deben hacer campañas de prevención solo en fechas especiales como carnaval, semana santa o navidad. "Debe hacerse un trabajo permanente por cuanto es una realidad constante la que vivimos en materia de violencia".
"Se debe trabajar en la salud espiritual y moral de nuestros niños, comienza desde la casa y se refuerza en la escuela; sin embargo, notamos con preocupación cómo los niños reciben mensajes donde se avala el alcoholismo, los actos inmorales o la violencia a través de las redes sociales y de los medios de comunicación", declaró Moronta.
El Estado presentó examen
Para el Gobierno el éxito del país sólo se mide por la determinación de favorecer los derechos sociales
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO | EL UNIVERSAL
jueves 13 de octubre de 2011 12:00 AM
El pasado viernes 7 de octubre, Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el Examen Periódico Universal (EPU). Este hecho constituyó una de esas raras ocasiones en las que la representación del Estado venezolano acepta rendir cuentas ante un foro plural y amplio, y someterse a las interpelaciones no complacientes de sus auditores.
El tema en el banquillo fue la situación de los derechos humanos en Venezuela y las políticas fundamentales que el Estado venezolano ofrece para su protección y garantía. La polaridad que constituye la concepción política de fondo que nos mantiene divididos emergió en forma contundente.
Por una parte, la representación del Estado venezolano señaló sus logros en materia de inclusión social: incremento de la matrícula educativa, especialmente a nivel universitario; reducción de la pobreza extrema en más de 50% en relación con la década anterior, creación de la red Barrio Adentro y disminución significativa de la desnutrición infantil. También se presentaron datos relativos a la participación directa de los sectores populares en la ejecución de las políticas sociales del Estado.
Por otro lado, la mayoría de los cincuenta países que pudieron formular preguntas a la comisión venezolana, reconoció los avances conseguidos en las materias señaladas, pero expresaron su consternación ante las cifras alarmantes de criminalidad que azotan al país y la impunidad de sus responsables. También señalaron las deficiencias y omisiones que atentan contra la independencia de los jueces y las debilidades del sistema de justicia en su totalidad. Otro problema cuestionado son las limitaciones que por la vía legal y fáctica se imponen al ejercicio de la libertad de expresión.
El debate deja en claro que para el Gobierno el éxito del país sólo se mide por la determinación de favorecer los derechos sociales. Y, pareciera, que los logros obtenidos sirven de excusa para postergar el desarrollo eficaz de los derechos civiles y políticos y los cauces institucionales que garantizan su aplicación.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, por su parte, han hecho un importante trabajo de representación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, defendiendo la propuesta de la complementariedad de los derechos humanos. La dignidad de las personas y los pueblos no admite postergar garantías y todos los derechos humanos son necesarios para un desarrollo humano pleno.
Ojalá el Estado venezolano asuma en forma responsable los resultados del EPU y se concentre efectivamente en el diseño de políticas orientadas a aumentar la protección y garantía de todos los derechos humanos para todos por igual.
LA MENTIRA ROJA. El 5 de abril en el diario La Tercera de Chile apareció en primera página el título "Encuesta INE de seguridad revela caída de 15,9 % en nivel de victimización en 2010" lo que sería un sondeo de Seguridad Ciudadana en ese país. La información añadía que la región de Tarapacá es la que mayor índice de victimización presenta. En tanto que la región Metropolitana bajó en 5,4%. Sin rubor el régimen venezolano tuvo la osadía de copiar esas cifras y presentarlas en el informe que presentó en Ginebra para el examen del país -sus derechos, libertades y justicia incluidos- ante la ONU. En el documento lo incluyeron en el aparte 2 del Derecho a la Seguridad Ciudadana: "37.Según la VII Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana , para 2010 los hogares que fueron víctimas de algún delito se redujeron en 15,9%. Mientras que la proporción de personas que percibe un aumento de la delincuencia disminuyó 18,5%". Más abajo señalaron que la encuesta fue "realizada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y el INE". Agarrados en la mentira debieron corregirlo...
MEDIO
TERRIBLES CIFRAS ROJAS. Dentro del Informe recopilado por 44 organizaciones venezolanas se presentaron algunos datos respaldados con amplia documentación: "En Venezuela se registraron "19.133 asesinatos en 2009" (Instituto Nacional de Estadísticas, INE), lo que ubica la tasa de homicidios en "75 por cada 100.000 habitantes". 43,75% de quienes no denunciaron los hechos afirma que no lo hicieron porque saben o creen que la policía participó en los delitos cometidos. El Ministerio Público (MP) informó que entre 2000 y 2007 recibió 6.405 denuncias de casos de "ajusticiamientos o enfrentamientos", que involucraron a 7.243 víctimas. En 8 años, el MP solo ha presentado 436 acusaciones, en las que se encuentran involucrados 1.237 funcionarios policiales. Las cifras revelan que unas 900 personas son ajusticiadas al año. La mayoría de estos asesinatos son atribuidos a policías regionales y municipales, en los cuales 3.675 funcionarios han sido señalados de realizar ejecuciones y tratar de encubrirlas como enfrentamientos"/"En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación generalizada de impunidad debido a que las prácticas de las diligencias técnicas científicas y de investigación criminal pueden ser realizadas por colegas o compañeros del funcionario que haya cometido un delito contra los derechos humanos. Esto puede implicar la manipulación, contaminación y adulteración de los elementos de convicción localizados en el sitio del suceso./ La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales y afectan especialmente a las mujeres como principales denunciantes, quienes en su mayoría sufren un grave proceso de re victimización: 70% es objeto de amenazas y actos de hostigamientos para inhibir sus acciones de búsqueda de justicia. De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos en 2009, sólo 315 (3.28%) decisiones fueron producto de acusaciones presentadas ante los órganos jurisdiccionales. / En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. La regla adoptada es que los jueces provisorios sean de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial. Tampoco se han creado los Tribunales Disciplinarios para garantizar la estabilidad judicial./En 2010 se eligieron anticipadamente 9 magistrados titulares para el Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes Ese mismo año se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reduciendo los lapsos para la postulación, lo cual permitió que la Asamblea Nacional -con mayoría oficialista- procediera a realizar nombramientos de magistrados antes de cesar sus funciones por la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Las consecuencias han sido altos índices de impunidad, tanto en delitos comunes (superior a 90%) como en violaciones de derechos humanos (98%), y la instrumentalización de la justicia contra personas críticas o de oposición al Gobierno Nacional. / Existe un déficit de 2.800.000 viviendas en Venezuela (Ministerio de Vivienda y Habitat, 2007). En 11 años, el gobierno ha construido 324.588 viviendas (promedio anual: 29.508)
BAJO
LOS RECHAZOS ROJOS. Brasil sugirió se permitiera la visita de observadores de la ONU; Eslovenia pidió que se cumplieran las obligaciones internacionales en cuanto al sistema judicial, el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos; la República Checa exigió la revisión de la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones para que se cumpla con el artículo 201 de la Constitución; Eslovaquia insistió en el tema de la libertad de expresión; Canadá puso el dedo en la llaga al plantear que se corrija la legislación actual sobre los medios para que se elimine la criminalización del desacato, difamación y calumnia al tiempo que Noruega recomendó corregir además, respecto al mismo tema, el Código de Justicia Militar; Suiza alertó sobre la enorme tasa de homicidios y la cantidad de armas en manos de la población; Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Australia, Eslovaquia y Canadá repitieron el llamado a respetar la independencia del poder judicial, eliminar los puntos con los que la ley del TSJ le mina su independencia del presidente de la República, así como la interferencia del poder Ejecutivo y combatir la cultura de la impunidad; Israel sugirió se elimine la práctica de usar el poder judicial para silenciar a los críticos del régimen y en especial a los testigos y familiares de víctimas de violación de sus derechos humanos; Bélgica fue vocera del pedido para mejorar el sistema de prisiones; el tema de acoso a los medios libres con medidas y disposiciones "legales" fue similar en más de 15 delegaciones entre las que se incluyó Indonesia; el antisemitismo, el acceso a fondos internacionales para las ONG que defienden DDHH, acceso libre y oportuno a la información, permitir la diversidad y pluralidad de medios informativos y la seguridad de los periodistas no complacientes para el régimen, así como las exigencias para que se libere a la jueza Afiuni molestaron al medio centenar de miembros de la delegación venezolana que viajaron en clase primera o ejecutiva, gozaron hoteles 5 estrellas, se dieron la gran vida en los restoranes más exquisitos, compraron desde iPads a caviar y no pasaron por Cadivi para los miles de dólares y euros en viáticos que derrocharon...
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Monseñor José de la Trinidad Valera nuevo Obispo de Guanare
FL
Globovisión/EFE
12/10/2011 08:57:52 a.m.
El papa Benedicto XVI ha nombrado obispo de Guanare, en Venezuela, al prelado José de la Trinidad Valera Angulo, de 64 años, informó hoy el Vaticano.
José de la Trinidad Valero Angulo sustituye en el cargo al obispo José Sótero Valero Ruz, que presentó su renuncia por motivos de edad y fue aceptada por el Pontífice, informó también hoy el Vaticano.
Valera Angulo nació en San Lázaro, (Trujillo, Venezuela) en 1947. Estudió en los seminarios de Trujillo y Mérida y filosofía y teología en el seminario mayor de Santa Rosa de Lima, en Caracas.
Es licenciado en filosofía por la Universidad Católica "Andrés Bello", de Caracas y en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.
Fue ordenado sacerdote en 1975. Ha sido profesor en el seminario mayor de Caracas, director del departamento de Liturgia y Comunicaciones Sociales del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana.
En 1997 fue nombrado obispo auxiliar de Caracas y en 2001 obispo de La Guaira, cargo que ocupaba actualmente.
Día de la resistencia indígena: Nosotros también somos gente
Jesús María Aguirre sj
¿Qué cosas han cambiado desde que el día 12 de octubre fue declarado día de la Resistencia Indígena? Por supuesto los calendarios y almanaques han desterrado el Día de la Raza, aunque no siempre nos quedó claro de qué raza se trataba, pues los afrodescendientes y los mestizos bifrontes no se sentían incluidos en esta conmemoración y menos en la de la resistencia indígena. Por lo demás el proceso actual y las últimas decisiones gubernamentales no parecen haber transformado substancialmente el estado actual de los indígenas a pesar de las proclamas constitucionales (ver “La política indígena camina en retroceso”, SIC, Nº736, julio 2011 ).
No se trata de negar el terrible proceso de conquista y colonización del llamado Nuevo Mundo por parte de los europeos, no sólo españoles, pero sí de aclarar y precisar las narrativas de algunos voceros políticos que utilizan la historia o los deshechos de ella como si se tratara de unas comiquitas de Tarzán.
Así nos cuentan cómo con Cristobal Colón al frente llegaron unos tipos malucos que con la cruz y la espada aplastaron a todos los indígenas que vivían idílicamente en el paraíso terrenal, les engañaron intecambiando baratijas de vidrio por su oro y plata y los convirtieron en sus esclavos. Y para completar la obra los misioneros se dedicaron a inculcarles la sumisión a sus señores como condición para llegar al reino de los cielos. Entonces llegó…
También es común en publicaciones como “Independencia 200” recurrir a procedimientos anacrónicos, retrotrayendo opiniones de hoy al pasado como si la sensibilidad antropológica de ayer fuera como la actual. Así un supuesto diario de 1915 trae como titular noticioso: “Pueblos indígenas amenazados con la promulgación de la Ley de Misiones”. Por el hecho de que el Ejecutivo Federal decide encargarse de la contratación de personal nacional o extranjero para atender a los pueblos indígenas con el propósito de reducir y atraer a la vida ciudadana a las tribus, la nota del periodista actual concluye anacrónicamente que ello “implica el total desconocimiento de las prácticas y tradiciones culturales de estos pueblos” (19-25 de septiembre de 2011).
Otro capítulo de este arte de birlibirloque es el de dedicarse a cubrir con la imaginación las lagunas históricas. Con motivo de estas celebraciones del Bicentenario un escritor crítico denuncia el silenciamiento de los indígenas y elabora unas conjeturas sobre lo que pasaba en la mente de Guaicaipuro:
“Lo que sostengo es que no sólo no se siguió en ese curso crítico de deconstrucción de la falacia con la que nos han venido y nos siguen engañando, sino que se retrocedió a posiciones verdaderamente ofensivas con el pasado, como inundar a Caracas con pendones de la Alcaldía del Municipio Libertador en los que, en alusión al 19 de abril de 1810, se leía “Doscientos años combatiendo imperios”, haciendo que cualquiera se pudiera preguntar qué andaría haciendo Guaicaipuro en 1568, cuando Diego de Losada ordenó capturarlo vivo o muerto. Si no estaba combatiendo imperios ¿qué estaba haciendo, jugando metras? Pero si en verdad estaba combatiendo, al precio de su vida, al imperio español, ¿por qué el Bicentenario lo borra?”
Lamentablemente no podemos responder a las incógnitas del escritor, ya que no disponemos de testimonios indígenas escritos para entender mejor lo que ocurría en la mente del Cacique Guaicaipuro en ese momento. Pero precisamente, la obra de José del Rey s.j., “Nosotros también somos gente” nos permite analizar con más realismo las relaciones de los conquistadores –españoles y francoholandeses– con los indígenas y de estos entre sí, así como también cubrir la laguna sobre el papel de los misioneros en estas confrontaciones.
El título “Nosotros también somos gente” ha sido escogido por el autor en contraposición al grito de los caribes coloniales venezolanos: “Ana karinarote” (Sólo nosotros somos gente”). Pues los caribes, como cuenta el P. José Gumilla, eran tan altivos que miraban al resto como sus esclavos: “Amukon paparoro itoto nanto: Todas las demás gentes son esclavos nuestros”.
Según el antropólogo Daniel Barandiarán está por estudiarse el papel de un estamento de indios del Caribe que se convirtió a los largo de 130 años en el mayor traficante de esclavos indios para los mercados franco-holandeses del Mar Caribe.
Este drenaje poblacional, que desintegró todas las demás tribus orinoquenses y guayanesas, está por conocerse y en este sentido el estudio de José del Rey, s.j., aporta nuevas claves para aproximarse al problema, pues, ciertamente, todas estas etnias nunca pudieron dejar constancia de su trágica existencia, y mientras algunas versiones de ayer se nutrieron de la leyenda negra antiespañola, otras interpretaciones actuales se alimentan más de resentimientos que de datos fundados.
La lectura y consulta de esta obra “Nosotros también somos gente. Los jesuitas en Venezuela. Indios y jesuitas en la Orinoquia”*, publicada por la Academia Nacional de la Historia, puede ser una forma provechosa para nutrir nuestra visión en ese día memorable con algo más de substancia que una soflama pseudohistórica y unas arengas rabiosas, que están más orientadas a la pugna electoral que a la dignificación de nuestros indígenas aun irredentos.
Cambió el nombre de la conmemoración, tumbaron las estatuas de Colón, publicaron pasquines antiimperialistas, pero los indígenas de ayer y hoy siguen irredentos, aun con todas las misiones religiosas y civiles. Al menos gracias, en parte, a algunos misioneros y a sus testimonios escritos podemos reconocer ayer y hoy la devastación cultural y el clamor de nuestros hermanos indígenas.
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